En las últimas dos décadas, han surgido diversos debates sobre los criterios que deben ser considerados para determinar las zonas aptas y no aptas para el desarrollo de energía eólica en Cantabria. Esta necesidad, que ahora parece una urgente imposición, la conocemos desde hace, como mínimo, cinco legislaturas.
En todo este tiempo, se han desarrollado propuestas desde diferentes ámbitos. Algunos ejemplos fueron las planteadas desde el sector académico, cuando la Universidad de Cantabria desarrolló en 2008 la llamada ‘Estrategia ambiental para el aprovechamiento de la energía eólica en Cantabria’. O años después, en 2011, cuando la Fundación Naturaleza y Hombre presentó la ‘Propuesta de zonificación en Cantabria de áreas de exclusión eólica en relación con la biodiversidad’, apoyada por un amplio conjunto de entidades y asociaciones ecologistas de Cantabria y España. Y, sin duda, la propuesta más concreta y trabajada, presentada por el Gobierno de Cantabria en 2018 y que formaba parte del borrador del ‘Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria’ (PROT), plan cerrado tras una amplia participación y que con contó con la implicación de una mayoría de sectores de la sociedad civil cántabra y de buena parte de su tejido empresarial. Cuatro años después, ese plan sigue sin aprobarse.
Los planteamientos que han ido surgiendo incluyen diferentes criterios de zonificación. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, todos los trabajos comparten algunas conclusiones. Una de ellas era que el valle de Toranzo, que forma parte de los valles pasiegos, no es un territorio apto para la implantación de estos grandes proyectos eólicos. A esta conclusión se llegó desde la universidad, desde las asociaciones conservacionistas e incluso desde las administraciones públicas. El propio Gobierno de Cantabria, en diversos documentos y trabajos, consideró los cordales del valle de Toranzo como conectores ecológicos de importancia para la biodiversidad autonómica además de incluso proponer que sus valores merecían su declaración como Reserva de la Biosfera. De manera más o menos acertada, en aquellos trabajos estuvieron representados los agentes económicos, sociales, culturales y ambientales de Cantabria, siempre dentro de las propias dificultades y desaciertos que estas tareas conllevan. En definitiva, aquellos resultados consensuados tienen menos de cuatro años de antigüedad.
Ahora, sorpresivamente, la situación cambia para los intereses del valle de Toranzo. En abril de este año, en la Comisión de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Parlamento de Cantabria, el Gobierno de Cantabria presentó una propuesta de “mapa de exclusión eólica”, propuesta que en su desarrollo ha omitido por completo el debate público y que ha prescindido del necesario diálogo en los territorios. Así, y aunque el valle de Toranzo nunca formó parte de las zonas aptas para el desarrollo de eólico, el nuevo planteamiento acepta, por primera vez tras dos décadas de trabajos y reflexiones, que ambos cordales del valle del río Pas sean terrenos compatibles para la implantación de grandes instalaciones industriales, coincidiendo, eso sí, con algunos de los proyectos que las empresas energéticas habían presentado pocos meses antes.
Esta nueva realidad incluye de forma unilateral ambos cordales del valle. En concreto, la propuesta presentada plantea que el 10 por ciento de la superficie del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo (aproximadamente 470 hectáreas) y el 16 por ciento del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo (unas 600 hectáreas) sean aptos para la implantación de parques eólicos. En resumen, considera que el 65 por ciento del cordal del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo y el cien por cien del cordal del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo son compatibles con esta industria. La propuesta convierte los terrenos «señalados» en el mapa en un polo de atracción para las grandes empresas energéticas. A pesar de que la zonificación carece de eficacia jurídica, la presión en lugares como el valle del Pas se incrementa, más si cabe, desde el sector energético. Igualmente, sigue sin conocerse la valoración del Gobierno de Cantabria sobre algunos proyectos que llevan casi un año a la espera, como el parque eólico El Acebo, cuya ubicación corresponderá con el cordal que pertenece al lado de Santiurde de Toranzo y que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural de Cantabria. Esta situación contrasta con las ágiles respuestas -menos de dos meses- que se dieron a proyectos en meses anteriores.
Más allá de estas cuestiones, es necesario recordar que las zonas consideradas como aptas en el valle de Toranzo atesoran un patrimonio cultural de innegable importancia para la comunidad autónoma, con zonas arqueológicas de castros cántabros y campos militares pertenecientes a las Guerras Cántabras. Y un patrimonio ambiental que debe ser estrictamente protegido, al acoger áreas críticas de especies consideradas en peligro de extinción en España. Igualmente, la zonificación presenta graves errores en su delimitación, al aceptar zonas para el desarrollo eólico a pocos metros de barrios de Bárcena de Toranzo (por ejemplo La Isilla a 100 metros, Casanueva a 200 metros o Gamonal a 400 metros), Sel del Tojo (a menos de 1.000 metros) y Cillero (menos de 1.000 metros), entre otros. Un auténtico despropósito si entendemos que buena parte de los nuevos aerogeneradores levantarán más de 200 metros del suelo.
No deja de ser curioso que, tal y como se expuso en el Parlamento de Cantabria, en el caso de la zona costera el área de exclusión se haya ampliado más allá de la obligación legal, con el objetivo de reducir la exposición visual respecto del litoral (los molinos de hoy son más grandes que los de hace 20 años), y que a su vez se considere aceptable su implantación a pocos metros de áreas dónde viven los vecinos y en núcleos poblacionales que cumplen los propios criterios seleccionados por el gobierno.
Es fundamental recordar que esta nueva zonificación contradice la voluntad popular expresada y aprobada por las instituciones que representan a todos los cántabros y vecinos de Toranzo, como son el Parlamento de Cantabria, los ayuntamientos afectados (Corvera y Santiurde de Toranzo), la mancomunidad de los Valles Pasiegos, en incluso varias juntas vecinales. A pesar de desatender a todo ello, parece ser que se antepondrá el desarrollo energético empresarial al desarrollo socioeconómico y la protección del patrimonio natural y cultural del valle de Toranzo.
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