Aurelio G-Riancho, Celestina Losada, Esperanza Botella y Javier Marcos.
Hispania Nostra Cantabria

No es nuevo el interés de la sociedad por el conocimiento y protección del Patrimonio Cultural, los ilustrados del siglo XVIII, del llamado “Siglo de las Luces”  ya  mostraron preocupación por estas cuestiones, creando entre otras, la Real Academia de Bellas Artes (después llamada de San Fernando), primera entidad con un espíritu proteccionista.

Aun así, la toma de medidas serias y responsables en materia de Patrimonio surge en Europa en el siglo XX, ante los conflictos bélicos que suponen una amenaza real de pérdida irreversible de los bienes de carácter histórico-artístico. En 1946 nace la UNESCO y en 1949 el Consejo de Europa, entidades destinadas a legislar y generar la sensibilidad necesaria para la protección patrimonial y la convivencia entre los pueblos.

Estos organismos internacionales marcarán la pauta de comportamiento en un largo y difícil camino que nos ha traído al momento actual y dictarán normas y consejos que España y el resto de países han ido suscribiendo. Los estados europeos dictaminaran sus leyes de Patrimonio y por estas latitudes, primero la Constitución de 1978 y después la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, van marcando el paso. La España Autonómica también legisla y Cantabria no es menos con la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

        Con este código normativo se buscaba la protección legal de la Memoria Cultural, pero era necesario armar y fundamentar esas leyes con dos medidas cardinales: las de carácter económico -para poner en práctica políticas patrimoniales son necesarios presupuestos-, y las medidas educativas -es imprescindible generar y fomentar Cultura y educación patrimonial desde las edades más tempranas en colegios y centros de enseñanza secundaria, e irla fortaleciendo y adecuando a las demandas sociales futuras-. Por desgracia, la actividad legislativa desde el punto de vista nacional y también local, no tuvo el soporte económico imprescindible y la actitud e iniciativas educativas fueron inexistentes. Concluimos en que a pesar de tener unas acertadas leyes locales y nacionales y suscribir diferentes convenios internacionales estas no se han llevado a cabo y el Patrimonio continúa insuficientemente protegido.

       Sin duda el tema es complejo y caben en él todo tipo de argumentos y justificaciones. Es evidente que poseemos una gran riqueza patrimonial, que no sobra el dinero y que tenemos prioridades, pero también lo es que tenemos una obligación adquirida con el legado que hemos heredado y un compromiso con las generaciones venideras. En este ámbito, también hay prioridades y cosas sencillas y elementales que se deben y pueden hacer, empezando por conocer, inventariar y catalogar todos los bienes que tengan interés o importancia patrimonial existentes en la Comunidad de Cantabria, el conocimiento nos llevaría a su protección siendo el primer paso el mantenimiento y conservación de ese bien que es lo contrario al olvido y abandono que en algunos casos sufrimos. Para conservar y mantener algunos bienes privados se pueden buscar formas de incentivar a la propiedad mediante algún tipo de exención fiscal, subvención o apoyo. Debemos entender, todos, que invertir en Cultura no es un gasto superfluo sino que debe ser productivo, creador de riqueza y también de puestos de trabajo además de enriquecimiento personal. En cuanto a la rehabilitación no debemos olvidar que consolidar una ruina no es excesivamente complicado y en muchos casos es una solución, sobre todo si no tienen un uso, la ruina consolidada puede ser bella. Si hablamos de rehabilitación, esta debe ser sutil, discreta y de acuerdo a la legalidad. Debemos apoyar a un turismo cultural sostenible como aliado del Patrimonio y también fomentar el apoyo y financiación pública y privada y estas aparecen cuando se ofrece algo interesante. Se debe controlar el mal entendido desarrollismo, y comprender que el conservacionismo no es inmovilismo. Es útil fomentar, apoyar y crear un cauce participativo autentico para la participación ciudadana, algo demandado desde ya hace muchos años por la UNESCO y el Consejo de Europa.

    La educación y el conocimiento son prioridad esencial y necesaria en política de Patrimonio Cultural. Solo se protege lo que se conoce y ese conocimiento ha de empezar a inculcarse en la infancia. Solo así conseguiremos generar entre las generaciones que nos siguen el respeto hacia el Patrimonio y, con ello, la consideración y valor que se merece. Estas jóvenes generaciones serán quienes deban gestionar nuestra herencia cultural en un futuro no muy lejano. Lo que hayamos hecho con el Patrimonio hablará de nosotros, para bien o para mal, pero la formación que debemos y podemos ofrecerles será, sin duda, el mejor legado que reciban de nosotros. Pero solo desde las instituciones se puede llevar a cabo esta iniciativa, no como “una asignatura optativa”, si no como una “materia obligatoria” y anual.

       Por último, y algo básico, la legislación española y también la local recomienda la necesidad de inventariar y catalogar todos los bienes, no solo los de Interés Cultural, sino todos los que tengan cierta relevancia desde el punto artístico, histórico, arqueológico, técnico, industrial, bibliográfico, documental y gráfico, con ello cualquier expresión cultural, ya sea inmueble, mueble o inmaterial. En ciertos lugares como Valdeolea o Valderredible muchos de sus pueblos desaparecerán y se convertirán en despoblados en muy poco tiempo, sus diferentes bienes se evaporaran y no nos quedara nada de su memoria, las siguientes generaciones no sabrán nada de ese lugar ni siquiera la memoria escrita y fotográfica que debiera estar en esos catálogos.

     Entre 2000 y 2002 se publicaron, tutelados por la Consejería de Cultura, los tres primeros tomos de lo que debería el Catálogo General del Patrimonio Cultural de Cantabria, quedando incomprensiblemente interrumpido en el cambio de legislatura. Desde entonces se ha pedido en muchas ocasiones, de manera individual y colectiva que la Consejería recupere y reactive esa necesaria y urgente labor de inventariado y catalogación. Es del todo imposible gestionar lo que se desconoce.

       Todos debemos ponernos las pilas, también los ciudadanos, además de derechos, tenemos obligaciones y de alguna manera, debemos participar y obligar y obligarnos a conservar nuestro Patrimonio Cultural, nos jugamos nuestra identidad, nuestra memoria y el futuro.